Este proyecto de ley busca que las reuniones entre personas que representan intereses particulares (lobbystas) y las autoridades del Estado sean totalmente transparentes. Para lograrlo, propone que quienes realicen esta labor se inscriban obligatoriamente en registros públicos y que las autoridades anoten detalladamente sus reuniones. De esta forma, cualquier ciudadano podrá saber quién se reúne con quién, en qué fecha y para tratar qué temas específicos. También establece reglas estrictas para evitar que exautoridades usen su influencia de forma inmediata tras dejar sus cargos. Además, el proyecto aplica multas y sanciones a quienes no cumplan con estas reglas de transparencia o intenten ejercer la actividad de forma ilegal. El objetivo principal es evitar que intereses privados influyan de manera oculta en las decisiones que afectan a todos los chilenos, asegurando que el proceso de toma de decisiones sea justo, igualitario y siempre orientado al bien común de la sociedad.