Ley 20.341 (Boletín 5725-07)

Este proyecto de ley busca castigar con más fuerza a los funcionarios públicos que cometan delitos de corrupción. Actualmente, algunos castigos podrían ser insuficientes para frenar estas malas prácticas. El proyecto propone aumentar las penas de cárcel y las multas de dinero cuando se cometan delitos como el fraude al Estado, el cohecho (recibir sobornos) o el tráfico de influencias (usar el cargo para favorecer a alguien). Además, si un funcionario le roba dinero al Estado, podría quedar prohibido para siempre de volver a trabajar en cargos públicos. El objetivo principal es proteger el dinero de todos los ciudadanos, asegurar que los recursos públicos se usen correctamente y recuperar la confianza en las instituciones del país. Con estas medidas, se pretende que las sanciones sean proporcionales al daño causado por la corrupción administrativa.