Reemplaza en los artículos 239 y 240 del Código Penal, la expresión `inhabilitación especial perpetua` por `inhabilitación absoluta temporal`.

Este proyecto de ley propone un cambio importante en las reglas para los funcionarios públicos que cometen fraudes contra el Estado. Actualmente, si un funcionario comete ciertos delitos, solo se le prohíbe volver al mismo cargo, pero podría trabajar en otros puestos del gobierno. El proyecto quiere cambiar esto para que, si alguien defrauda al Estado, se le aplique una 'inhabilitación absoluta temporal'. Esto significa que no podrá trabajar en ningún cargo, empleo u oficio público por un tiempo determinado. El objetivo es que las sanciones sean más justas y coherentes, evitando que personas que han dañado al Estado puedan seguir ocupando puestos de autoridad en el gobierno.