Modifica la Ley Nº 19.884, sobre transparencia, límites y control de los gastos electorales, y establece normas contra la intervención electoral.

Este proyecto de ley busca que las elecciones sean más limpias y transparentes. Para lograrlo, propone que las empresas ya no puedan dar dinero a los candidatos, permitiendo que solo las personas naturales hagan donaciones. También crea un registro de empresas que venden servicios a los candidatos para evitar negocios falsos. Además, se crean nuevas reglas para que el Servicio Electoral pueda vigilar mejor cómo se gasta el dinero y se castigue con cárcel a quienes mientan en sus cuentas de gastos. Finalmente, prohíbe que el Gobierno use publicidad para promocionar sus ideas durante las campañas electorales.