Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 2002.

Este proyecto de ley busca que Chile acepte un acuerdo internacional para prevenir la tortura y los malos tratos. El acuerdo permite que expertos, tanto de la ONU como de nuestro propio país, visiten lugares donde hay personas detenidas (como cárceles o centros de custodia). El objetivo es revisar que todos sean tratados con respeto y dignidad. Para esto, el país debe crear oficinas nacionales independientes que puedan entrar a estos lugares, pedir información y conversar con los detenidos sin restricciones. Esto ayuda a asegurar que las reglas se cumplan y que se protejan los derechos de todas las personas que no pueden salir libremente de un lugar.