Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.

Esta ley busca que todas las personas, sin importar si se atienden en un hospital público o una clínica privada, sepan qué derechos tienen y qué deberes deben cumplir al recibir atención médica. Entre sus puntos principales están el derecho a recibir un trato digno, a ser informados claramente sobre su diagnóstico y tratamientos, y a decidir si aceptan o no un procedimiento (consentimiento informado). También protege la privacidad de su ficha médica y permite que personas en estados de salud terminal puedan decidir sobre sus cuidados. Por otro lado, establece que los pacientes deben tratar con respeto al personal de salud y cuidar las instalaciones. Si algo no sale bien, la ley permite hacer reclamos ante el centro de salud o la Superintendencia de Salud.