Interpreta y adecúa la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Este proyecto de ley busca que las leyes de Chile se apliquen de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos que el país ha firmado. Su objetivo principal es asegurar que los delitos más graves, como el genocidio, la tortura, el secuestro y los crímenes de lesa humanidad, no queden sin castigo. Para lograr esto, propone dos cambios: primero, que al interpretar cuándo se termina la responsabilidad de un delincuente, se debe considerar siempre lo que dicen los tratados internacionales; y segundo, prohibir que el Presidente otorgue indultos (perdón de la pena) a personas condenadas por estos delitos o por terrorismo. Esto busca evitar que personas responsables de crímenes contra la humanidad puedan salir libres mediante beneficios legales.