Crea la Defensoría Penal Pública.

Este proyecto crea la Defensoría Penal Pública, una nueva institución encargada de asegurar que todas las personas que enfrentan un juicio penal tengan un abogado que las defienda. Actualmente, el sistema depende de abogados de turno o de la asistencia judicial, lo que no siempre garantiza una defensa de calidad. Con esta nueva ley, se contará con un servicio especializado que incluye defensores en todo el país. El sistema funcionará con abogados del Estado y también con abogados particulares contratados mediante concursos llamados licitaciones. El objetivo principal es que nadie se quede sin defensa técnica, asegurando que se respeten sus derechos durante todo el proceso judicial, especialmente para quienes no tienen dinero para pagar un abogado privado.