Modifica el Decreto con Fuerza de Ley Nº 591, de 1982, del Ministerio de Obras Públicas.

Este proyecto de ley busca cambiar las reglas para que empresas privadas puedan ayudar al Estado a construir y mantener obras públicas, como carreteras. Actualmente, el sistema es más rígido, por lo que se propone permitir que los privados propongan sus propios proyectos y que puedan usar diferentes tipos de garantías para asegurar sus trabajos. También se busca que, si hay problemas o peleas legales entre el gobierno y la empresa, existan formas más rápidas y justas de resolverlos mediante comisiones especiales o la Corte de Apelaciones. El objetivo final es que haya más obras públicas de mejor calidad gracias a la inversión de empresas, sin que el Estado pierda el control de las mismas. De esta manera, se busca atraer más dinero de inversionistas nacionales y extranjeros para mejorar la infraestructura del país, asegurando que los procesos sean más ágiles, transparentes y equitativos para todas las partes involucradas en el contrato.