Establece un nuevo tipo penal respecto de quienes tienen a su cargo un establecimiento destinado al cuidado de adultos mayores

Este proyecto de ley busca proteger de manera especial a las personas mayores que viven en residencias o centros de cuidado. La idea principal es que los dueños, administradores o directores de estos lugares tengan una obligación legal muy clara de cuidar la vida de los residentes. Si un administrador sabe que existen peligros graves en el lugar, como cables eléctricos en mal estado, falta de salidas de emergencia, problemas con el gas o falta de personal para ayudar en una emergencia, y decide no hacer nada para evitarlo, será castigado penalmente si una persona mayor muere por ese riesgo. Es muy importante destacar que esta responsabilidad se aplicará incluso si el establecimiento funciona sin permisos legales o sin autorización sanitaria. De esta forma, nadie podrá usar la falta de papeles como una excusa para no proteger la vida de los adultos mayores que han confiado su cuidado a ellos.