Modifica diversos cuerpos legales en materia de persecución penal y patrimonial, y tipifica nuevos delitos para combatir el crimen organizado

Este proyecto de ley busca darle más herramientas al Estado para combatir a las bandas criminales. Propone tres cambios importantes: primero, castigar con más fuerza a quienes extorsionan a funcionarios públicos para que no hagan su trabajo; segundo, crear nuevos delitos para quienes roban la identidad de personas (usando nombres, fotos o voz) para cometer fraudes en bancos o compras por internet; y tercero, endurecer las penas por contrabando en puertos y fronteras. Además, obliga a los fiscales a investigar siempre de dónde viene el dinero de estos delitos para poder quitarles sus ganancias. El objetivo es proteger tanto a las personas como a la economía del país.