Regula el régimen de responsabilidad de organizadores, convocantes y promotores de manifestaciones públicas y modifica el Código Penal en materia de daños en bienes públicos o privados con motivo, ocasión o en contexto de su realización

Este proyecto de ley busca que las personas que organizan o convocan manifestaciones públicas (como marchas o protestas) sean responsables si ocurren daños a casas, negocios o bienes del Estado durante el evento. Si un organizador no toma las medidas necesarias para que la reunión sea pacífica, podría tener que responder por los daños. También incluye a quienes convocan por redes sociales o internet. Para no ser responsables, los organizadores deberán demostrar que hicieron todo lo posible por evitar la violencia o ayudar a la policía a identificar a los culpables. El objetivo es proteger la propiedad de las personas y los bienes de todos, sin prohibir el derecho a reunirse.