Crea los Tribunales de Familia, con el objeto de establecer un procedimiento especial para la determinación de la responsabilidad parental en el caso de daños provocados por niños, niñas y adolescentes.

Este proyecto de ley busca que, cuando un niño o adolescente cause un daño a otra persona (por ejemplo, en el colegio o en internet), el caso sea visto por jueces de familia y no por jueces civiles comunes. La idea es que los jueces de familia entienden mejor cómo funcionan las casas y la crianza. No se castigará a los padres automáticamente; solo se les cobrará si se demuestra que no cuidaron o no vigilaron bien al menor. El proyecto pone un límite de dinero para pagar (máximo 566 UTM) y permite que las familias lleguen a acuerdos, pidan disculpas o sigan programas de ayuda. También considera si el niño tiene problemas de salud mental o discapacidad para decidir si los padres son responsables. El objetivo es reparar el daño a la víctima pero también ayudar a que el niño no vuelva a portarse mal.