Tipifica la difusión de amenazas de violencia masiva en recintos de alta concurrencia como delito autónomo contra la seguridad colectiva

Esta propuesta busca castigar a quienes publiquen o difundan amenazas falsas sobre ataques violentos (como tiroteos o bombas) en lugares donde se junta mucha gente, como colegios, consultorios o edificios del gobierno. Actualmente, estas amenazas causan mucho miedo, obligan a evacuar y suspenden clases o atenciones médicas, pero no siempre se pueden castigar adecuadamente porque no van dirigidas a una sola persona. El proyecto propone penas de cárcel y multas de dinero. Si la amenaza obliga a evacuar el lugar o suspender servicios básicos, el castigo será más severo. También habrá penas más altas si el responsable es un funcionario público del mismo lugar afectado. Con esto se busca proteger la tranquilidad de las personas y evitar que se use el miedo para interrumpir la vida diaria de la comunidad.