Modifica la ley N° 20.027, en materia de cobro de créditos de educación superior, para fortalecer las garantías del debido proceso

Este proyecto busca proteger a las personas que tienen deudas por estudios superiores, como el CAE. Actualmente, el Estado puede quitar dinero o bienes (embargo) de forma muy rápida a través de la Tesorería. La propuesta exige que, antes de cualquier cobro a la fuerza, el deudor tenga derecho a defenderse ante un juez independiente. Esto permitirá que las personas puedan decir si la deuda ya se pagó o si ya pasó mucho tiempo y ya no corresponde cobrarla (prescripción). El objetivo es que el cobro sea justo y no deje a las familias sin dinero para vivir, tratando estas deudas como compromisos civiles y no como si fueran impuestos impagos.