Modifica el Código Penal, con el objeto de establecer una agravante para los delitos cometidos contra autoridades o funcionarios públicos, en los casos que indica.

Esta iniciativa busca aumentar las penas para quienes ataquen o amenacen a funcionarios públicos, como jueces, fiscales o autoridades municipales, mientras realizan su trabajo. El objetivo es proteger a las personas que trabajan para el Estado (quienes realizan tareas para el país) frente a presiones del crimen organizado. La nueva regla se aplicará cuando se use violencia o amenazas graves para intentar influir en las decisiones de la autoridad. Sin embargo, no se usará en casos de insultos (delitos contra el honor) ni cuando la ley ya considere un castigo mayor por el hecho de ser funcionario. Con esto, se busca asegurar que las instituciones funcionen sin miedo y de forma independiente.