Modifica la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, para resguardar la soberanía nacional en la ejecución de políticas públicas

Este proyecto busca que las decisiones del gobierno se basen principalmente en las leyes chilenas y no solo en acuerdos internacionales que no han sido aprobados por el Congreso. Propone que documentos como la 'Agenda 2030' sean solo guías o sugerencias (carácter programático: que sirve como plan pero no es obligatorio) y no obligaciones directas. Para crear nuevos programas o gastar dinero público basándose en estas ideas internacionales, se necesitará primero una ley aprobada en Chile. Además, exige que los funcionarios públicos prioricen las metas nacionales y que cualquier decreto que use metas internacionales explique claramente qué ley chilena lo permite. El objetivo es proteger la soberanía, que es el derecho de un país a decidir sus propias reglas sin intervención externa.