Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de impedir que abogados que se desempeñan en instituciones estatales actúen como patrocinantes o mandatarios de imputados por los delitos que indica

Este proyecto de ley busca evitar que abogados que trabajan para el Estado defiendan a personas acusadas de delitos graves como terrorismo o ataques a la seguridad del país. Hoy, esta regla solo existe para casos de drogas, pero aquí se extiende a otras leyes importantes (Ley 12.927 y 21.732). Los abogados del gobierno no podrán actuar como representantes de estos imputados, para evitar conflictos de interés y fortalecer la confianza en las instituciones. Hay excepciones para la Defensoría Penal Pública y las Corporaciones de Asistencia Judicial, que seguirán defendiendo gratis a quienes lo necesiten. Si un abogado viola esto, puede perder su trabajo. Los jueces y fiscales deben informar a la Contraloría. La ley empezaría 30 días después de publicarse.