Modifica cuerpos legales que indica para permitir, a la Unidad de Análisis Financiero, acceder a información bancaria de ciertas autoridades sin orden judicial previa

Este proyecto de ley busca combatir la corrupción en Chile permitiendo que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que es el organismo que investiga movimientos de dinero sospechosos, revise las cuentas bancarias de importantes autoridades públicas sin necesidad de una orden de un juez primero. Esto aplica solo cuando hay indicios razonables de delitos como corrupción, tráfico de influencias o lavado de dinero. Las autoridades afectadas incluyen al Presidente, ministros, jueces, parlamentarios, alcaldes y jefes de policía, entre otros. El secreto bancario (la regla que protege la información de las cuentas de banco) se mantiene para el resto de las personas, pero se crea una excepción para estos cargos por su responsabilidad pública. La idea surge de escándalos recientes como el Caso Hermosilla y Caso Fundaciones, que mostraron cómo el secreto bancario protegió actividades ilícitas. Países como Brasil, Argentina y Estados Unidos ya tienen medidas similares para fiscalizar a funcionarios. Así, se pretende aumentar la confianza en las instituciones, que hoy está muy baja según encuestas.