Concede acción penal pública para la persecución de delitos contra la propiedad industrial y establece una agravante especial respecto de aquellos que comprometan la salud pública

Este proyecto busca que la justicia pueda investigar y castigar la falsificación de marcas (como logos o nombres de productos) sin esperar a que el dueño de la marca ponga una denuncia. Actualmente, si alguien falsifica un producto, la policía solo actúa si el dueño reclama; con este cambio, el Estado podrá actuar de oficio para proteger a las personas. Además, se propone un castigo más severo (aumento de la pena) cuando los productos falsos sean peligrosos para la salud, como ocurre con remedios, cosméticos o alimentos falsificados. Esto es importante porque los productos falsos no pasan controles de calidad y pueden enfermar a la gente. Al permitir que los fiscales investiguen directamente, se busca reducir la impunidad de las bandas criminales que engañan a los consumidores y dañan la economía del país.