Establece un Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia respecto de las personas víctimas de desaparición forzada ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990

Este proyecto hace ley al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Busca saber qué pasó con las personas desaparecidas por el Estado o con su apoyo entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, durante la dictadura. La desaparición forzada es un crimen grave que no prescribe (no se acaba con el tiempo). El plan obliga al Estado a buscarlas o sus restos de forma permanente, dar información a las familias y evitar que vuelva a pasar. Se crea un órgano responsable (lo define un reglamento), con participación de familias y organizaciones de derechos humanos. Habrá reportes anuales de avances y todos los organismos públicos deben ayudar. Así, el plan no depende de un solo gobierno y cumple tratados internacionales que Chile firmó. Beneficia a familias que esperan respuestas hace décadas y a toda la sociedad con derecho a la verdad.