Reemplaza el artículo 5 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980

Este proyecto de ley busca mejorar una norma ya existente que protege a las mujeres víctimas de violencia. La ley actual impide que alguien condenado por femicidio, violencia familiar u otros delitos graves contra su pareja o ex pareja reciba la pensión de sobrevivencia que ella dejó. Sin embargo, ha sido difícil aplicar esta regla porque las administradoras de pensiones no reciben la información necesaria de forma clara. El proyecto soluciona esto obligando a los juzgados y tribunales a declarar en la sentencia si hay relación familiar y el delito cometido, y a informar directamente a la Superintendencia de Pensiones. Esta entidad pasará los datos a las AFP y compañías de seguros, respetando la privacidad de las personas. No genera costos extras al Estado, ya que se usa el personal actual. La ley entrará en vigencia tres meses después de publicarse, tiempo en que se creará el procedimiento oficial.