Modifica el Código de Justicia Militar y la ley 17.798, sobre control de armas, para radicar en los tribunales ordinarios de justicia el conocimiento de causas criminales que indica, en que participen funcionarios de las Fuerzas Armadas, Gendarmería de Chile o la Dirección General de Aeronáutica Civil

Este proyecto de ley propone un cambio fundamental en la justicia chilena: si un miembro de las Fuerzas Armadas, Gendarmería o la Aeronáutica comete delitos de narcotráfico, tráfico de armas o pertenece a una banda criminal, no será juzgado por la justicia militar, sino por los tribunales comunes de la justicia ordinaria. El objetivo principal es evitar que estos delitos, que afectan gravemente a toda la sociedad, queden bajo un control militar que podría dificultar o entorpecer las investigaciones penales. Además, se establece una regla de rapidez: si un militar sospecha que un compañero está involucrado en estos delitos, tiene la obligación legal de avisar al Ministerio Público en un máximo de 24 horas. Finalmente, la propuesta busca aumentar en un grado las penas para estos funcionarios cuando incurran en delitos relacionados con el control de armas, asegurando así una respuesta más firme ante el crimen organizado.