Establece la obligación de incorporar la debida diligencia en derechos humanos a las empresas que operen en territorio nacional

Este proyecto de ley hace que las empresas medianas y grandes (públicas o privadas) en Chile deban revisar cómo sus negocios afectan los derechos humanos de las personas. Deben buscar riesgos en sus operaciones y proveedores, crear planes para evitar daños (como contaminación o problemas con comunidades), vigilar que se cumplan y reportar públicamente. También deben capacitar a sus trabajadores y tener canales fáciles para que la gente denuncie problemas, protegiendo su identidad. Si no cumplen, hay multas desde 20 unidades tributarias mensuales. La ley entra en 6 meses para grandes empresas y 12 para medianas, inspirada en reglas de la ONU para proteger derechos como agua limpia, vivienda y territorios indígenas.