Modifica las leyes que indica para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros

Este proyecto busca combatir la evasón en el pago de tarifas del transporte público de pasajeros, un problema que cuesta al Estado entre 97 mil millones de pesos al año. Propone cambios en la Ley 18.287 para mejorar la fiscalización: si alguien no lleva documento de identidad o no informa su domicilio, se usará identificación biométrica (como huellas digitales) para identificarlo correctamente. Elimina el descuento del 50% en multas si se pagan rápido, así las sanciones serán completas. Extiende el tiempo en el Registro de Infractores de 3 a 5 años si no pagan, y solo se elimina si el infractor lo pide. Quienes estén en el registro no podrán acceder a beneficios económicos del Estado (excepto seguridad social), ni a estudios gratuitos, ni sacar pasaporte. Esto afecta más a quienes evaden intencionalmente, beneficiando a empresas de transporte y al presupuesto público, que subsidia las pérdidas. La evasón es alta en la Región Metropolitana, impactando a todo el país.