Modifica la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, para consagrar el consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales como conducta contraria al principio de probidad administrativa

Este proyecto busca que el consumo de drogas ilegales sea considerado una falta grave a la honestidad que deben tener los funcionarios públicos (probidad). Actualmente, la ley prohíbe que personas con dependencia a las drogas asuman cargos altos, pero esta propuesta quiere dejar claro que el solo consumo ya es una conducta prohibida para todos los que trabajan en el Estado. El objetivo es evitar que las autoridades tengan vínculos con el narcotráfico o el crimen organizado, asegurando que tomen decisiones con claridad y sin influencias externas peligrosas. Si se aprueba, consumir sustancias prohibidas permitiría aplicar sanciones administrativas a los funcionarios, ayudando a mantener las instituciones limpias y seguras para todos los ciudadanos.