Dicta normas sobre protección de personas defensoras de la naturaleza y los derechos humanos medioambientales

Este proyecto de ley busca proteger a las personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos relacionados con la naturaleza. Define quiénes son los defensores ambientales: individuos, grupos u organizaciones que promueven estos derechos. Reconoce derechos como actuar sin amenazas, acceder a información ambiental, participar en decisiones públicas y recibir protección judicial. El Estado debe garantizar un entorno seguro, investigar agresiones y sancionarlas. Modifica leyes existentes para agravar penas contra estos defensores y responsabiliza penalmente a empresas. Se inspira en el Acuerdo de Escazú, ratificado por Chile en 2022, que obliga a proteger a estos activistas ante riesgos crecientes, como amenazas y asesinatos reportados en el país y la región. Facilita la implementación de tratados internacionales sobre cambio climático y medio ambiente, promoviendo principios como no discriminación y participación. Un reglamento se dictará en un año para detallar medidas de protección. Beneficia a activistas ambientales al reducir vulnerabilidades, contribuyendo a la conservación de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático.