Modifica el Código Procesal Penal para establecer la presunción de que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, cuando se imputen delitos contra la probidad administrativa

Esta propuesta busca que las personas acusadas de delitos de corrupción, como robar dinero público (malversación), engañar al Estado para obtener beneficios (fraude al fisco) o recibir sobornos (cohecho), tengan más probabilidades de quedar en prisión preventiva mientras se realiza la investigación. Actualmente, la ley chilena no menciona específicamente estos delitos de corrupción como una razón directa para considerar que alguien es un peligro para la sociedad. El proyecto argumenta que estos actos dañan profundamente la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho. Si se aprueba, los jueces deberán considerar que la libertad de estos imputados es peligrosa para la comunidad, facilitando que permanezcan en la cárcel durante el juicio cuando los delitos tengan penas de cárcel.