Modifica diversos cuerpos legales para prevenir, fiscalizar y sancionar la operación de vertederos ilegales y rellenos sanitarios clandestinos

Este proyecto busca terminar con los basurales y vertederos que funcionan sin permiso y dañan la salud de los vecinos. La propuesta convierte en un delito castigado con cárcel el operar estos lugares o tirar basura en calles y parques. También entrega más poder a las municipalidades para que puedan vigilar y decidir dónde se instalan plantas de basura. Si el dueño de un terreno permite que se llene de basura por descuido, tendrá que pagar multas muy altas (entre 30 y 60 millones de pesos aproximadamente). Además, las constructoras deberán presentar un plan obligatorio para demostrar que sus escombros terminan en lugares autorizados y no en vertederos ilegales. Con esto se busca proteger el agua, el aire y la limpieza de los barrios.