Modifica la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, para regular los medios de impugnación del decreto de expulsión

Este proyecto busca que las personas extranjeras que reciben una orden de expulsión (salida forzada del país) tengan un proceso judicial claro para defenderse. Actualmente, existe una confusión legal porque el Tribunal Constitucional eliminó partes de la ley antigua. La propuesta crea un 'recurso de apelación', que es una segunda oportunidad para que la Corte Suprema revise el caso si la persona no está de acuerdo con la primera decisión. Se establece que el afectado tiene 5 días para pedir esta revisión y que los jueces deben decidir rápido. También aclara que no se pueden usar otros recursos más lentos, como la casación (un tipo de queja legal compleja), para que el proceso no se demore años. El objetivo es dar seguridad jurídica y rapidez tanto al Estado como a los migrantes.