Modifica la Carta Fundamental para incorporar a los gobernadores regionales y a los alcaldes como autoridades susceptibles de acusación constitucional

Esta propuesta busca que los alcaldes y gobernadores regionales puedan ser juzgados políticamente por el Congreso, un proceso llamado Acusación Constitucional. Actualmente, este mecanismo se aplica a autoridades como el Presidente o Ministros, pero no a jefes comunales o regionales. El objetivo es combatir la corrupción y el mal uso de dineros públicos en convenios con fundaciones. Si se aprueba, estas autoridades podrían ser destituidas si dañan gravemente el patrimonio de su región o comuna, o si faltan a la honestidad en su cargo (probidad). La acusación se podría presentar mientras estén en su puesto o hasta seis meses después de dejarlo, periodo en el cual tendrían prohibido salir del país sin permiso.