Modifica la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, para establecer una excepción en caso de contratos vinculados a la persecución del crimen organizado

Este proyecto de ley propone que Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería puedan comprar bienes y servicios de forma secreta cuando se trate de combatir el crimen organizado. Actualmente, casi todas las compras del Estado deben ser públicas y transparentes para que cualquier persona pueda revisarlas. Sin embargo, los autores argumentan que si los delincuentes conocen qué tecnología o equipos compran las policías, pueden anticiparse a sus estrategias. Para evitar abusos, esta excepción no será automática: el Ministerio del Interior deberá autorizar cada caso mediante un decreto especial. El objetivo es que las policías tengan mejores herramientas para investigar bandas criminales sin alertar a los delincuentes sobre sus métodos de trabajo.