Modifica la ley N°20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, para establecer el deber de informar respecto del financiamiento y aportes recibidos de privados

Este proyecto busca que las fundaciones y asociaciones que reciben dinero del Estado tengan que contar todo sobre cómo se financian y quiénes trabajan en ellas. Actualmente, algunas organizaciones privadas no tienen la obligación de mostrar sus cuentas de forma clara, lo que puede facilitar irregularidades. Con esta ley, estas instituciones deberán publicar en internet quiénes son sus directores, sus equipos de trabajo y cuánto dinero han recibido de otros privados en los últimos cinco años. Si una fundación no cumple con entregar esta información, no podrá recibir más contratos o dinero del Estado en el futuro. El objetivo es que el uso de los recursos de todos los chilenos sea transparente, sin importar si los gasta el gobierno o una organización privada.