Establece reglas especiales tratándose de la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios y modifica otros cuerpos legales

Este proyecto de ley permite al Ministerio de Vivienda y Urbanismo cambiar los planes reguladores (normas de uso de suelo) a pedido del Ministerio de Justicia, para reparar, ampliar o reconstruir cárceles ya existentes donde las reglas urbanas actuales lo impiden. Pide opiniones rápidas a municipalidades y gobiernos regionales, sin necesidad de otros permisos. Además, deja aumentar hasta un 50% la superficie de cárceles sin el 'congelamiento' de terrenos viejos (artículo 62 de la Ley General de Urbanismo). Agrega a Gendarmería la tarea de perseguir bandas criminales dentro de las cárceles. Todo para bajar el hacinamiento (hay 48.400 presos en 41.762 plazas) y mejorar la seguridad. Las obras deben empezar en 6 años y dura 48 meses la excepción. El gasto sale del presupuesto de Gendarmería.