Modifica la ley N°21.325 para ampliar el plazo de privación de libertad para la materialización de las expulsiones administrativas

Este proyecto de ley cambia una parte de la Ley de Migración y Extranjería (número 21.325). Hoy, cuando ordenan a un extranjero salir del país por motivos administrativos, se le puede detener máximo 48 horas para organizar todo. Pero ese tiempo no alcanza: hay que pedir documentos al país de origen, coordinar con consulados, comprar pasajes de avión o bus, y conseguir permiso de las aerolíneas. A veces hay que mover a la persona desde regiones a Santiago. El gobierno propone subir el límite a 5 días corridos para que la expulsión se pueda hacer de verdad, sin soltar a la persona antes. Esto ajusta la ley a una cambio reciente en la Constitución. Mantiene derechos como visitas, abogado, médico e intérprete durante la detención.