Proyecto de ley (Boletín 15872-18)

Este proyecto de ley tiene como objetivo principal proteger la seguridad de las personas que sufren violencia en sus hogares. Actualmente, los agresores a veces pueden conocer dónde viven o trabajan sus víctimas debido a la información que aparece en los juicios o registros. La propuesta busca que los tribunales mantengan en secreto (reserva) la dirección, el lugar de trabajo y el lugar de estudio de la víctima. Esto se hace para evitar que el agresor pueda encontrarlos fácilmente y causarles daño o represalias. Además, el proyecto establece que si un funcionario público difunde esta información privada de forma indebida, podría recibir castigos serios, como penas de cárcel o la prohibición de trabajar en cargos del Estado. De esta manera, se intenta crear un sistema judicial más seguro que no exponga la ubicación de quienes han denunciado actos de violencia, garantizando así una protección real y efectiva para su integridad física.