Modifica la ley N°19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para exigir que los contratos de prestación de servicios educacionales sean pactados en moneda nacional

Este proyecto de ley quiere cambiar una norma sobre derechos de los consumidores. Dice que los colegios y universidades privadas no pueden cobrar sus aranceles en Unidades de Fomento (UF). La UF sube todos los días con la inflación, lo que encarece la educación para las familias. En cambio, deben cobrar en pesos chilenos, que se pueden reajustar una vez al año con el IPC (Índice de Precios al Consumidor, que mide cómo suben los precios). Esto ayuda a las familias porque sus sueldos están en pesos y no suben diario. Afecta a colegios particulares pagados y universidades privadas. La Superintendencia de Educación vigilará el cumplimiento. Los diputados lo presentan para proteger el bolsillo de los papás que matriculan a sus hijos con esfuerzo.