Modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, para establecer la obligación de las isapres de informar a la Superintendencia de Salud el aumento del precio de sus planes

Este proyecto de ley cambia la norma de las Isapres, que son las aseguradoras privadas de salud. Les exige avisar a la Superintendencia de Salud (el organismo que las fiscaliza) si subirán el precio de sus planes básicos. Deben hacerlo en 15 días hábiles después de que se publique un indicador llamado ICSA (que mide costos de salud). Además, tienen que explicar por qué suben el precio, dando datos como gastos en atenciones médicas, subsidios por licencias y nuevos tratamientos. La Superintendencia verificará esos números y autorizará solo el aumento justificado, sin pasar el límite del ICSA. Esto surge de un fallo de la Corte Suprema en 2022 que paró subidas de precios y pidió este control para evitar miles de juicios de afiliados. Busca dar seguridad a usuarios y aseguradoras, evitando quiebras.