Modifica las leyes N°19.992 y N°20.405, para reconocer carácter público a los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura

Este proyecto busca que la información y los relatos entregados por las víctimas de tortura y prisión política durante la dictadura en Chile dejen de ser secretos. Actualmente, la ley obliga a guardar estos testimonios bajo llave por 50 años, lo que impide que jueces y la sociedad conozcan toda la verdad. La propuesta establece que estos documentos sean públicos para ayudar a la justicia a encontrar a los responsables de estos delitos. Sin embargo, se respeta la voluntad de las víctimas: si una persona o sus familiares no quieren que su historia sea pública, pueden pedir por escrito que se mantenga en reserva. Además, ordena que todos estos archivos se guarden de forma segura en el Archivo Nacional para que no se pierdan y estén disponibles para futuras generaciones.