Dispone la suspensión de los procedimientos administrativos de cobro y juicios ejecutivos que indica, por doce meses, en razón de la crisis económica que vive el país

Este proyecto busca ayudar a los dueños de pequeños negocios y microempresas que tienen deudas difíciles de pagar. Debido a que la pandemia y la crisis económica afectaron sus ingresos, la ley propone poner una pausa o 'suspender' por un año (12 meses) los juicios donde les pueden quitar sus bienes (embargos) o rematarlos. Esta medida aplica tanto para deudas de impuestos con el Estado (Tesorería) como para préstamos con bancos. El objetivo es que estos negocios no desaparezcan y tengan tiempo para reorganizarse, pedir nuevos plazos o eliminar multas, protegiendo así los puestos de trabajo que generan para muchas familias chilenas.