Modifica el decreto ley N°211, que fija normas para la defensa de la libre competencia, para permitir al Ministerio Público ejercer de oficio la acción penal en casos de delitos económicos

Actualmente, solo la Fiscalía Nacional Económica (FNE) puede decidir si se inicia un juicio penal cuando las empresas se ponen de acuerdo para subir precios (colusión). Este proyecto de ley propone que los fiscales del Ministerio Público también puedan iniciar estas investigaciones por su cuenta (de oficio). La idea nace debido al aumento de precios en alimentos básicos y la sensación de que las sanciones actuales no son suficientes. Con este cambio, se busca que existan más instituciones vigilando y castigando los delitos económicos que afectan el bolsillo de las familias chilenas, permitiendo una persecución más rápida y efectiva de quienes dañan la libre competencia.