Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción, para radicar en el Juez de Policía Local respectivo, la atribución de disponer la demolición de obras, en los casos que contempla dicha ley

Este proyecto busca facilitar la recuperación de terrenos que han sido ocupados ilegalmente (tomas). Actualmente, si alguien construye sin permiso en un terreno ajeno, el proceso para demoler esa construcción es lento y costoso para el dueño. La propuesta cambia esto de tres formas: primero, permite que sea un Juez de Policía Local, y no el Alcalde, quien ordene la demolición; segundo, establece que el municipio debe pagar los gastos de la demolición en lugar del dueño afectado; y tercero, aumenta los castigos para quienes se toman terrenos, pasando de simples multas a posibles penas de cárcel y multas más altas basadas en el valor del terreno. Con esto se busca que los propietarios no tengan que gastar tanto dinero ni tiempo en juicios largos para recuperar su propiedad frente a ocupaciones violentas o ilegales.