Regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución

Este proyecto busca combatir las ocupaciones ilegales de terrenos (llamadas usurpaciones) que hacen grupos organizados para venderlos ilegalmente. Hoy, estas solo se castigan con multas pequeñas, lo que no las detiene y genera reincidencias costosas para la policía. La ley propone: para casos violentos, cárcel de 61 días a 3 años; para no violentos, 61-90 días de trabajo comunitario supervisado por Gendarmería. Extiende el tiempo para actuar en flagrancia mientras dure la ocupación, permitiendo desalojos y detenciones sin orden judicial previa. Agrava penas si usan menores y prohíbe descuentos. Así protege a dueños de propiedades y evita que financien crimen organizado, como en otros países.