Modifica la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, para prohibir que se comuniquen las obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, mientras esté vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe decretado con motivo de la pandemia de Covid-19 y por el tiempo adicional que señala

Esta propuesta busca ayudar a las personas y pequeñas empresas (Pymes) a conseguir préstamos bancarios durante emergencias nacionales, como una pandemia. Actualmente, si una empresa tiene deudas registradas en DICOM (un registro de datos comerciales), los bancos suelen rechazar sus solicitudes de crédito. El proyecto propone que, cuando el país esté en 'Estado de Catástrofe', esta información negativa no se pueda mostrar ni usar para evaluar riesgos comerciales. Esta prohibición se mantendría vigente durante toda la emergencia y hasta seis meses después de que termine. El objetivo es que los negocios afectados por la crisis económica puedan obtener financiamiento para seguir funcionando, considerando que el Estado actúa como aval de estos préstamos, reduciendo el riesgo para los bancos.