Dispone la suspensión, por el período que indica, de las medidas judiciales de embargo de bienes y de lanzamiento, en razón de la emergencia sanitaria que vive el país

Este proyecto busca pausar, por nueve meses (abril a diciembre 2020), las acciones judiciales de embargo (retiro de bienes para remate) y lanzamiento (desalojo de inmuebles). Se justifica por la crisis del COVID-19, que impide a muchas familias pagar deudas o arriendos durante la cuarentena. Así protegióndolas de perder sus hogares o bienes esenciales. Menciona ejemplos de países como España e Italia que tomaron medidas similares. Extiende la suspensión prevista en la ley 18.101 (hasta 30 días) para adaptarse a la emergencia sanitaria. El proyecto fue presentado por el diputado Alexis Sepúlveda Soto y está archivado.