Suspende los plazos establecidos en la ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente para que los organismos competentes realicen procesos de participación ciudadana, así como de consulta indígena, y se pronuncien sobre las declaraciones y estudios de impacto ambiental, durante el periodo que señala

Esta propuesta buscaba detener temporalmente los relojes o plazos legales que tiene el Estado para revisar proyectos que afectan la naturaleza. Debido a la pandemia de COVID-19 en 2020, no era posible que las personas se reunieran para dar su opinión (participación ciudadana) ni que los expertos visitaran los terrenos. El objetivo era evitar que los proyectos se aprobaran sin que la gente pudiera participar o sin una revisión adecuada por culpa de las restricciones de movimiento. La suspensión duraría lo mismo que el Estado de Catástrofe decretado por el Gobierno. Al detener estos plazos, se protegía el derecho de las comunidades y de los pueblos indígenas a ser escuchados antes de que se autorice una obra que pueda dañar su entorno.