Establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile

Este proyecto de ley del Gobierno busca adaptar los tribunales al COVID-19, que obliga a quedarse en casa para evitar contagios. La Corte Suprema puede parar audiencias no urgentes (como juicios normales), pero sigue todo lo prioritario: violencia familiar (VIF), derechos de niños, prisiones preventivas. Se pausan plazos de casos en curso para que nadie pierda derechos por no poder ir al tribunal. Se permite alegar 'entorpecimiento' por la pandemia y pedir nuevos plazos. Para demandas civiles, basta presentarlas online; se prorrogan plazos para laborales y multas. Audiencias urgentes se hacen por video. Vigente solo mientras dure la emergencia (estado de catástrofe). Así se cuida la salud y se hace justicia sin parar lo esencial.