Modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y regular el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que indica

Este proyecto busca endurecer las penas para empresas que cometan delitos graves contra la economía, como fraudes tributarios, falsificaciones o violaciones en bancos y mercados. Hoy, solo ciertos delitos permiten sancionar a las compañías; esta ley amplía la lista para incluir más crímenes como los de propiedad intelectual, salud pública y competencia desleal (explicación: competencia desleal es cuando empresas compiten de forma injusta). Agrega una nueva pena: un interventor judicial, que es un administrador temporal nombrado por un juez para vigilar la empresa hasta 5 años y proteger trabajadores o deudas. También permite que el Ministerio Público investigue directamente delitos tributarios o aduaneros graves sin denuncia previa, si superan 30 Unidades Tributarias Anuales o son repetidos. El objetivo es prevenir que las empresas se usen para delitos y fortalecer la probidad.