Modifica el Código Procesal Penal para imponer al tribunal competente la obligación de avaluar de oficio los perjuicios civiles causados a la víctima, en el procedimiento penal por delitos sexuales, homicidio, lesiones corporales y violencia intrafamiliar

Este proyecto de ley busca que las personas que han sido víctimas de delitos graves, como violencia familiar o ataques sexuales, reciban una compensación económica por los daños sufridos sin tener que iniciar un juicio adicional. Actualmente, para cobrar una indemnización (pago por el daño), la víctima suele necesitar un abogado y presentar una demanda aparte. Con este cambio, el juez penal, al momento de condenar al culpable, tendrá la obligación de calcular y fijar de inmediato cuánto dinero debe pagar el agresor para reparar el daño físico o psicológico causado. El objetivo es asegurar que las víctimas, especialmente mujeres con pocos recursos, tengan acceso real a una reparación económica que les permita costear tratamientos médicos, cirugías reconstructivas o apoyo psicológico para retomar sus vidas.