Declara inhábiles para acceder a los subsidios estatales de vivienda, a los condenados por tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, o por delitos contra la libertad y la indemnidad sexual

Este proyecto busca que las personas que han sido condenadas por delitos graves, específicamente por tráfico de drogas o por abusos sexuales, no puedan recibir ayudas de dinero del Estado para comprar, arrendar o construir una casa (subsidios de vivienda). La idea principal es que las viviendas entregadas con apoyo de todos los chilenos no sean usadas para cometer delitos o para que funcionen bandas criminales. El cambio solo afectaría a la persona que recibió la condena judicial y no a su familia, para no castigar a quienes no cometieron el delito. Con esto, se espera que los barrios sean lugares más seguros y tranquilos para los vecinos, asegurando que los beneficios estatales lleguen a personas que respeten las normas de convivencia.